El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:

1. Investigue los hechos denunciados en reiteradas oportunidades por funcionarios, asociaciones civiles, periodistas y diarios de circulación nacional, respecto del uso de fondos de la Secretaría de Inteligencia para efectuar operaciones de prensa, con el objeto de poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier delito o ilícito que hubiere, se determinen responsabilidades, se apliquen las sanciones que correspondan, se informe de los resultados al pueblo argentino y a este Parlamento nacional.

2. Autorice el acceso a la información (de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520) que permita conocer el uso de fondos de la Secretaría de Inteligencia con relación a los hechos mencionados en el párrafo precedente.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:

El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar se investigue en relación a las denuncias realizadas en diversos medios de prensa por funcionarios, periodistas y asociaciones civiles sobre la utilización de fondos de la Secretaría de Inteligencia de la Nación para pagar operaciones de prensa.

Las denuncias se iniciaron a partir de la publicación de un artículo periodístico en el diario “La Nación” de fecha 8 de mayo de 2006, titulado: “Santibañes, en un juicio en EE.UU.”, en el que se describe que Fernando de Santibañes, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), contrató, con fondos de esa repartición, el asesoramiento de estrategos norteamericanos, uno de los cuales (Mattie Lolavar, ex socia del asesor de comunicación política Dick Morris) declaró que sus ex socios fueron más allá del contrato original, puesto que difundieron información falsa, extorsionaron a periodistas que cobraban sueldos encubiertos (también de la SIDE) y organizaron operaciones contra el ex presidente Carlos Menem.

El 9 de mayo de 2006, el diario “La Nación” publica una nota titulada: “Sobornos: pusieron fecha a la indagatoria de De la Rúa”, sobre el supuesto pago de sobornos en el Senado de la Nación para aprobar la ley de reforma laboral en el año 2000; donde informa sobre un pedido del fiscal federal Federico Delgado, para que declare en la causa la ex asesora de comunicación del gobierno de la Alianza que compromete al ex jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, Mattie Lolavar.

En la misma fecha, “La Nación” publica otro artículo titulado: “Dick Morris pensaba que destruir a Menem podría servir a De la Rúa. Mattie Lolavar cuenta planes de los asesores que contrató Santibañes para influir sobre la prensa”, en donde la asesora explica que Fernando de la Rúa pagó $1.600.000 con fondos imprecisos de la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y que ella presentó una demanda ante la Justicia de EE.UU. contra sus socios (Dick Morris y Roger Stone) y contra Fernando de Santibañes. Aclaró además que es raro que nunca fue citada por la Justicia argentina para declarar sobre el uso de los fondos de la SIDE.

Por su parte el diario “Página/12” publicó sobre el tema un artículo titulado: “Un fiscal investiga la denuncia de una ex socia de Dick Morris - Otra más con fondos de la SIDE”, en el que indica: “El fiscal federal Oscar Amirante impulsó una denuncia que se basa en las declaraciones de una ex socia de Morris, que asegura que cobró 25 mil dólares mensuales de las cajas de la SIDE y que su ex jefe recibió un millón seiscientos mil por ocho meses de trabajo. Amirante pidió una serie de medidas al juez Jorge Urso”. En otro párrafo, el diario destaca que la consultora Mattie Lolavar relató que “…aceptó la propuesta y trabajó durante tres semanas con un contrato firmado entre la consultora norteamericana de lobby Ikon y la SIDE. Me explicaron que lo hacían de ese modo por la resistencia que podía generar nuestro trabajo”. Y agregó que le explicaron que su tarea constituía una “operación encubierta”. La revista “Noticias” publicó un facsímil del contrato –firmado el 7 de junio– en donde puede verse la firma de De Santibañes y asevera que hay una copia en el Departamento de Estado porque así lo establecen las normas estadounidenses. Sin embargo, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia le comunicó a la Justicia que no tiene ninguna información respecto a la contratación.

A raíz del artículo del diario “La Nación”, el presidente Néstor Kirchner, en su discurso del 16 de mayo de 2006, en Casa de Gobierno, de acuerdo a lo publicado por el diario “Página/12” el 17 de mayo de 2006 en un artículo titulado: “Kirchner pidió nombres de periodistas que cobraron”, hizo referencia a la denuncia de Mattie Lolavar contra Fernando de Santibañes sobre los más de 200 periodistas pagos y recalcó que las entidades de periodistas deberían investigar, incluso para fortalecer la institución del periodismo.

Ante las denuncias de las que dio cuenta el diario “La Nación” y sobre las cuales se expresó el presidente Néstor Kirchner, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), integrado por profesionales de medios gráficos, radiales y televisivos, envió una carta al jefe de Gabinete Alberto Fernández para solicitarle que “los organismos del Estado correspondientes den a conocer, si los hubiera, los nombres de quienes han recibido dinero de la SIDE”. La carta le pide además “un compromiso público de que esa secretaría en ningún caso destinará dinero a pagos para periodistas”. Agrega, además: “Entendemos que usted puede hacer un aporte sustancial al esclarecimiento de esa situación para que las denuncias y sospechas no afecten indiscriminadamente al conjunto de profesionales y a la necesaria credibilidad que éstos deben generar en la sociedad”.

En este orden de ideas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) expresó (de acuerdo a los artículos publicados en los diarios “Clarín” y “La Nación” del 20/05/06): “Es una obligación del gobierno por tratarse de hechos de lisa y llana corrupción con directa implicancia de áreas del Estado […] ADEPA manifiesta que las organizaciones no cuentan ni podrían contar con los medios que se requieren para semejante tarea, ni es tampoco su función”. Asimismo, Gustavo Vittori (presidente de ADEPA) dijo, según una nota publicada en el diario “Perfil” del 21 de mayo de 2006: “Si existe una lista de hipotéticos periodistas pagos es grave, porque significa que hubo fondos públicos desviados”.

El diario “Clarín” publicó el 18 de mayo de 2006 un editorial titulado “Investigar si la SIDE pagó a periodistas”, en donde expresa: “En una oscura disputa judicial en la que están involucrados ex funcionarios y asesores estadounidenses surgió la afirmación de que la SIDE habría tenido contratados a periodistas, una cuestión que debe ser investigada por el Estado. Una consultora estadounidense afirmó que Fernando de Santibañes le confió que durante el gobierno de Menem, 200 periodistas de los principales diarios cobraban de fondos de la SIDE […] A pesar de que la citada consultora no presentó pruebas sobre sus dichos y de que sus afirmaciones deben tomarse con extremada cautela por la situación litigiosa en la que se encuentra, el presidente Néstor Kirchner les otorgó entidad haciendo referencia a ellos en un acto público en la Casa de Gobierno […] en esa ocasión el presidente sostuvo que las entidades periodísticas deberían investigar el caso, para salvaguardar la institución del periodismo. El presidente puede, indudablemente, proporcionar ideas sobre líneas de investigación a los medios, pero no puede desconocer que el responsable de investigar cuestiones de esa gravedad institucional y que involucran a un organismo estatal es, en primero e irrenunciable lugar, el propio Estado […] el gobierno tiene la obligación de investigar si esas prácticas ilegales existieron y quiénes fueron sus protagonistas en los organismos estatales y en los medios de difusión. Se trata de una cuestión que no puede quedar reducida a objeto de una chicana política, en honor de la seriedad y del resguardo a las instituciones”.

El 2 de junio, el diario “La Nación” publicó un editorial titulado “La SIDE y el pago a periodistas”, en donde expresa: “El presidente tiene razón al afirmar que las sospechas sobre el pago irregular de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a ciertos periodistas afecta a toda la prensa independiente. Pero se equivoca cuando les exige a las entidades que agrupan a las empresas o a los periodistas que investiguen esas presuntas irregularidades, porque es el propio Estado el que debe y puede dar las respuestas sobre el presunto destino ilegal de los fondos reservados de la actual Secretaría de Inteligencia (SI). Por ello el primer mandatario haría un aporte fundamental a la transparencia en el uso de los recursos públicos si ordenase al organismo de inteligencia, que depende en forma directa de él, una profunda investigación para esclarecer estos hechos de corrupción”.

La ley 25.520, de inteligencia nacional, establece en el artículo 16 que el acceso a la documentación y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevará la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación y que el acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el presidente de la Nación o el funcionario en quien delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en la presente ley.

El presidente tiene la obligación de investigar en forma directa a fin de esclarecer estos hechos de corrupción que afectan las arcas del Estado, la credibilidad de la prensa y la honorabilidad de los periodistas. Claramente, haría un aporte fundamental a la transparencia en el uso de los recursos públicos autorizando el acceso a la información que guarda la Secretaría de Inteligencia sobre los supuestos pagos que él mismo diera por ciertos en el discurso en Casa de Gobierno el 16 de mayo de 2006.

La Secretaría de Inteligencia es un órgano del Estado, se rige por un régimen especial y cumple funciones especiales para la Nación, pero de ninguna manera puede ser utilizada con fines ilícitos o de naturaleza distinta al destino público para la que ha sido creada. Así, el artículo 3º de la Ley de Inteligencia Nacional declara que el funcionamiento del Sistema de Inteligencia debe ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte, capítulos I y II de la Constitución Nacional, y en las normas legales y reglamentarias vigentes.

Es necesario entonces que se investiguen las actividades de la SIDE relacionadas con estas denuncias y se permita acceder a la información reservada que hubiere, lo cual se constituirá como un paso sustancial y sumamente beneficioso en pos de la transparencia y el bien institucional del país.

Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y para conocimiento de la Comisión de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.